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“Tenemos derecho a participar en la vida social y política del país”
REINALDO ESCOBAR, La Habana | Septiembre 26, 2016

La sede de Cubalex no tenía este fin de semana el agitado ajetreo de los
numerosos usuarios que normalmente acuden al local para recibir
asesoramiento jurídico, especialmente familiares de reclusos con gruesas
carpetas repletas de documentos, apelaciones y demandas. Cuando la
abogada Laritza Diversent nos recibe para esta entrevista, los muebles
se han vuelto a colocar en su sitio después del intenso escrutinio que
dejó todo “patas arriba” y, sobre la mesa, un llavín hecho pedazos
permanece como prueba más palpable del allanamiento del local.

Las secuelas psicológicas están frescas entre los miembros del equipo de
esta organización, amenazados con un proceso legal y obligados a
desnudarse durante la requisa. Sin , este domingo el trabajo
jurídico retomaba su rumbo, gracias a la solidaridad de otros miembros
de la sociedad civil que prestaron dos computadoras. Unos pocos papeles
recogen los primeros testimonios de un caso que demandará tiempo y
pericia para Cubalex: su propia denuncia contra las autoridades que les
incautaron sus pertenencias pero no han podido detener su trabajo.

Pregunta. ¿Qué perseguía el operativo realizado contra Cubalex?

Respuesta. Tenía propósitos paralelos. Por un lado las modificaciones
arquitectónicas realizadas en esta casa, donde buscaban la más mínima
violación de las regulaciones urbanísticas. Por ejemplo, se fijaron
mucho en un baño que hicimos debajo de la escalera para el servicio del
público. Al mismo tiempo querían fiscalizar nuestra labor como
organización que presta servicios jurídicos a la población.

P. ¿Quiénes participaron del registro policial?

R. La fiscal Beatriz Peña de la Oz, de la Fiscalía General de la
República al frente de unas 20 personas. Entre ellas, una doctora, una
trabajadora de la fiscalía, el teniente coronel Juan Carlos, que dirigió
el operativo desde su condición de oficial del Ministerio del Interior,
otra fiscal de la provincia y una instructora llamada Doralis, quien
hizo la relación de los equipos que fueron ocupados.
Vinieron también peritos que hacían fotos, un camarógrafo que lo filmaba
todo y otros peritos informáticos. Había además varios oficiales de la
seguridad del Estado, dos policías de uniforme y otros oficiales del
Minint con el uniforme típico de custodios de prisiones; una
representante de la Oficina Nacional de Administración Tributaria
(ONAT), otra del Instituto de Planificación Física y otro del Ministerio
de Justicia.

P. ¿A qué se debía la presencia de una representante de la ONAT?

R. Se justificaba con la suposición de que estábamos realizando una
actividad de “cuentapropistas”, que estábamos prestando un servicio por
el que supuestamente cobrábamos sin tener permiso. Les explicamos, de
todas las formas posibles, que somos una organización no gubernamental
que presta un servicio social de forma gratuita, pero actuaban como si
no se lo hubiéramos aclarado.

P. ¿Por qué un acto represivo de esa naturaleza en estos momentos y
contra un grupo pacífico?

R. Cuesta mucho encontrar las razones de esta actuación, que puede
calificarse como desmesurada. Pero puede atribuirse a lo que hemos
hecho. En primer lugar nuestros intentos de alcanzar la legalización de
Cubalex. Hemos realizado demandas a instituciones oficiales como la
General de la República, que en el nos ha despojado de
libros y otras pertenencias sin justificación alguna. Esa demanda la
hemos llevado a los tribunales. Además hemos hecho una propuesta
política al Partido Comunista de Cuba para modificar la ley electoral.

P. ¿Entonces considera que se trata de una respuesta a esas acciones?

R. Habría que preguntárselo a ellos. Como ciudadanos creemos que tenemos
derecho a hacer propuestas y tenemos derecho a participar en la vida
social y política del país en que vivimos.

P. ¿Pusieron ustedes resistencia a que los efectivos policiales entrasen
al local?

R. La resolución de entrada al domicilio para efectuar el registro decía
que venían en busca de “objetos de procedencia ilícita”, pero no
especificaba cuáles. La ley establece que este detalle se aclare, por lo
que me negué a que entraran e invoqué el derecho de inviolabilidad del
domicilio. No obstante, rompieron el candado de la reja exterior y el
llavín principal de la casa.

P. La ley especifica también que el registro debe hacerse con al menos
dos miembros del como testigos. ¿Se cumplió ese requisito?

R. Los testigos eran dos militantes del partido del núcleo zonal, que no
se comportaban como testigos imparciales, sino como colaboradores del
operativo. Al extremo de que en ocasiones sugerían a los oficiales del
Minint algún lugar que les faltaba por registrar y usaban todo el tiempo
el término “nosotros” con un sentido de pertenencia que los hacía parte
del operativo, lejos de su función supuestamente imparcial de testigos.
Uno de ellos tenía más de 85 años y se ufanaba de ser un revolucionario
sin tacha.

P. ¿Cuál fue el saldo final del registro?

R. Ocuparon cuatro laptops y cinco PC de mesa, incluido un servidor y
tres impresoras multifuncionales. Además se llevaron discos duros,
memorias, cámaras y todos los teléfonos celulares.

P. ¿Cuál ha sido la reacción de otros grupos independientes ante este
registro?

R. Casi todas las entidades de la sociedad civil han manifestado su
solidaridad.

P. ¿Podría la información incautada representar un riesgo para ustedes?

R. Se llevaron más de 200 expedientes de casos que estamos trabajando,
muchos de ellos son reclusos ansiosos de tener alguna mejoría de su
condición de presos. Existe el riesgo de que esas personas, a cambio de
alguna ventaja en su régimen penitenciario, declaren algo que nos
perjudique, como por ejemplo que le cobramos por nuestro servicio. Pero
eso queda en el campo de la especulación.

P. ¿Qué es lo más grave que prevén que podría ocurrir?

R. Estamos muy preocupados porque nos han hecho amenazas puntuales, como
por ejemplo que hasta ahora esto es un asunto administrativo pero que
puede convertirse en otro tipo de proceso.

P. ¿Piensan desistir de continuar con el trabajo que venían haciendo?

R. No. Lo sucedido más bien nos anima a seguir haciendo lo que nos
propusimos.

Source: “Tenemos derecho a participar en la vida social y política del
país” –
www.14ymedio.com/nacional/derecho-participar-social-politica-pais_0_2079392047.html

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