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Preguntar es un delito
JOANNA COLUMBIÉ, Céspedes | Agosto 29, 2016

Llegué hace unos días a Céspedes, lugar donde tengo mi casa, y entre las
cosas que llamaron mi atención estaba un cartel, en uno de los
merenderos del pueblo, con el siguiente anuncio: “Todos los comestibles
se le incrementarán 0,10 centavos por concepto de cuenta especial”.

Inmediatamente vino a mi mente una pregunta lógica: ¿Qué es la cuenta
especial y para qué se utiliza? Ante la inquietud y haciendo uso de mi
derecho ciudadano, según lo expresado en el artículo 63 de la
Constitución de la República (“Todo ciudadano tiene derecho a dirigir
quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o
respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley”) comencé
a indagar en los lugares correspondientes.

El día 25 de agosto, en ese mismo merendero le pregunté al dependiente,
Hortelio, que me dijo que el cartel había sido puesto pero que él no
sabía nada, ni siquiera conocía qué era la cuenta especial. Como me
hacía camino, llegué a la empresa municipal de Comercio, pero allí solo
encontré a Betsy, la encargada de defensa y puesto de mando. La
funcionaria me explicó que no sabía bien, pero que el incremento se
debía a los carnavales y esa cuenta especial era del Ministerio de
Cultura. Me recomendó que viniera al otro día y pidiera un despacho con
el director. Seguí mi camino y llegué a otro merendero, donde me recibió
Ariel, mostrándome una resolución del Consejo de la Administración
Municipal (CAM) autorizando al cobro de 0,10 centavos como gravamen a
los productos alimenticios, 0,20 centavos a la cerveza o al ron y que
esto se haría en las fiestas populares. Las preguntas que me había hecho
inicialmente seguían sin respuesta.

El día siguiente, 26 de agosto, me dirigí a la Empresa Municipal de
Comercio. Me recibió el director municipal de la entidad, de apellido
Pérez-Ibáñez, quien me explicó que la cuenta especial era la que se le
aportaba el gravamen de los productos vendidos durante las fiestas
populares (carnavales) y que lo que se recaudaba se utilizaba para pagar
a las orquestas musicales que eran contratadas por el municipio para
estas festividades, así como otros gastos relacionados con las
celebraciones.

En Céspedes, los carnavales comenzaron el 22 de julio, ya había pasado
más de un mes y el gravamen seguía aplicándose. La respuesta del
director municipal ante esta queja fue que durante los tres días de
carnavales era imposible vender todo lo que estaba planificado. Agregó,
además, que el CAM estaba considerando la etapa vacacional como fiestas
populares y que por esas razones se seguía cobrando. Le pregunté si el
CAM no tenía aprobado un presupuesto para esas fiestas populares y me
respondió negativamente. Se me hacía difícil entender que una gran
cantidad de personas tuvieran que pagar a los músicos que no iban a
escuchar. A esto se añade el hecho de que la calidad de las
celebraciones fue pésima, según manifestaron los vecinos, incluso por
medio de Facebook.

Antes de irme el director me preguntó que si yo venía a título personal
o a nombre de alguna organización. Le respondí que venía como ciudadana
y que sí que venía a nombre de una organización: el pueblo. A pesar de
sentirme inconforme con la utilidad de la cuenta especial, me dirigí a
mi casa y no hice más nada al respecto.

Este 27 de agosto, a la 1.45 pm llegó a mi casa el oficial de la
Seguridad del Estado que dijo llamarse Manuel y me comunicó que a las
2.00 pm debía presentarme en la estación de Policía. Al llegar al lugar
indicado, con tono arrogante y prepotente me recibió el oficial René.
Allí también estaba el director de la empresa de Comercio. No era
casualidad. Me habían citado para levantarme una carta de advertencia
por manifestaciones públicas contrarrevolucionarias al divulgar
información estatal. Según me dijeron, si lo volvía a repetir sería
acusada de espionaje.

Ante el reclamo de que ejerciendo mi derecho ciudadano había ido a
preguntar algo de manera oficial para mi conocimiento, lo que además no
era secreto estatal sino una información pública, el oficial René me
dijo que mentía, pues ya lo había publicado en redes. Además, me explicó
que cualquier ciudadano podría preguntar pero yo no, porque yo era una
mercenaria al servicio del imperialismo y una aprovechada. Me pidieron
que firmara la carta de advertencia a lo que me negué, además me
“advirtieron” que me fuera del municipio de Céspedes, que aquí yo no iba
a “hacer carrera”. También me dijeron que si me quedaba les daba igual
porque eran bastante los galardones que habían obtenido y seguirían
obteniendo si lograban controlarme aquí.

Muchas preguntas pueden surgir de este, un encuentro más de los ya
tantos que he tenido con la Seguridad del Estado, pero yo me pregunto:
¿Qué ley o qué autoridad, por el hecho de ser opositores o disidentes,
puede limitar nuestros derechos ciudadanos? ¿Cómo una simple pregunta
puede constituirse en un delito contra la Seguridad del Estado? ¿Hasta
cuándo la más básica de expresión y de búsqueda de información
va a ser un delito en Cuba? Al parecer, en el municipio Céspedes, en
Camagüey, que según todo indica se rige por una ley especial, preguntar
es un delito.

Source: Preguntar es un delito –
www.14ymedio.com/nacional/Preguntar-delito_0_2062593721.html

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