¿Denunciar o contemporizar?
Miércoles, Agosto 15, 2012 | Por René Gómez Manzano
LA HABANA, Cuba, agosto, www.cubanet.org -Se mantiene el interés
noticioso con respecto al accidente ocurrido el 22 de julio cerca de
Bayamo, en el cual perdieron la vida el líder opositor Oswaldo Payá y su
colaborador Harold Cepero. El chofer del vehículo, el español Ángel
Carromero, permanece encarcelado en La Habana.
Con respecto al delito que se le pudiera imputar al joven europeo, no es
razonable que haya duda alguna. Cualquiera versado en la legislación
cubana reconocerá que la única responsabilidad criminal que pudiera
exigírsele, tendría que basarse en el artículo 177 del Código Penal
vigente, que reprime el homicidio en ocasión de conducir vehículos por
la vía pública.
En cuanto a la sanción imponible, tampoco hay espacio para la
incertidumbre: el referido precepto prevé penas "de uno a diez años de
privación de libertad". El castigo, en su caso, tendría que estar
ajustado a ese marco: los preceptos de la Parte General del Código Penal
que contemplan posibles incrementos del límite máximo, no son
aplicables, pues ellos sólo rigen para los delitos intencionales.
Dejando a un lado el derecho puro, resulta imprescindible reconocer que
en este caso se repiten contradicciones y disyuntivas que han existido
con respecto a los órganos jurisdiccionales del castrismo desde el mismo
comienzo de la Revolución Cubana en 1959.
Ya en los años iniciales del régimen, ante los familiares de los
muchísimos sancionados por los tribunales de la Isla (algunos de ellos
por simples delitos de opinión enmascarados por las autoridades como
actos violentos) se planteó un dilema terrible: ¿Qué hacer ante los
atropellos que sufrían en las prisiones sus seres queridos?
Era la época en que nadie escuchaba, pero en que muchos intelectuales
relevantes del mundo (de modo especial en Europa y América Latina) sí
hablaban en abundancia, pero para defender al gobierno de La Habana, sin
prestar crédito alguno a los abusos que sus agentes cometían contra
quienes se le enfrentaban y permanecían encarcelados.
La dicotomía que se les planteaba a esas esposas, madres y otros
parientes era simple: ¿Callar ante las arbitrariedades que sufrían sus
familiares presos, o revelar esos excesos? (Como es lógico, esta segunda
opción implicaba la posibilidad de que se tomaran represalias contra los
cautivos políticos.)
En definitiva, los seres queridos de los reos optaron por la denuncia, y
los acontecimientos posteriores demostraron que actuaron con sabiduría:
gracias a sus declaraciones, se logró que entre los servidores del
régimen castrista el desenfreno fuese menor. Como resultado mejoró la
situación de los cubanos privados de libertad por motivos políticos.
El destino de aquellos compatriotas, que fueron los primeros en
enfrentarse al totalitarismo comunista, se ha repetido con
posterioridad, incluso con algunos ciudadanos de otros países. Los
cuerpos represivos del castrismo y sus obedientes tribunales han
dirigido sus acciones contra distintos extranjeros que en uno u otro
momento han incurrido en las iras del régimen.
Ejemplo actual de lo anterior es el norteamericano Alan Gross, encerrado
desde hace más de dos años por haber entregado a correligionarios suyos
equipos de comunicación cuya tenencia es lícita en cualquier otro país
del mundo. De inicio, los familiares del estadounidense —e incluso este
mismo— optaron por ajustar sus pronunciamientos a lo que deseaban oír
los autoridades de La Habana. No obstante, las esperanzas de ganar así
la benevolencia de estas últimas, se vieron defraudadas.
La presentación de excusas por los actos realizados (¡como si éstos
constituyesen delito!) no tuvo otro efecto que servir para que el
régimen totalitario se sintiera justificado en sus excesos. Al cabo del
tiempo, la esposa y parientes de Gross han convocado a la solidaridad de
sus correligionarios judíos y de todas las personas decentes del mundo,
con lo cual se abren nuevas posibilidades de solución para su caso.
Con respecto al accidente que nos ocupa, los posibles argumentos de
descargo del chofer fueron expuestos con brillantez por el colega Carlos
Alberto Montaner: En un país libre, Carromero y su defensor enrostrarían
a las autoridades el pésimo estado de la vía y la falta de señalización;
y a la empresa estatal que alquiló el auto, el no funcionamiento de los
air bags.
¿Será esa la línea que seguirán el presunto responsable y su
representante legal? A juzgar por lo que hemos visto hasta ahora, no
parece que sea así. Más bien la tendencia que se observa —no sólo en el
chofer, sino incluso en el pasajero sueco— ha sido la de presentar
disculpas por mantener contactos con opositores, como si un turista,
para comunicarse con ciudadanos libres del país visitado, tuviese que
recabar un permiso especial. ¡Ojalá que esa actitud contemporizadora
surta efectos en esta ocasión!
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